El ministro de Vivienda, Carlos Montes, descartó entrar en polémica con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, luego de que ésta pidiera durante el debate de Anatel desarrollado el lunes que esperaba que el problema de la megatoma de San Antonio fuera resuelto antes del 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric deberá entregar el poder a su sucesor. El secretario de Estado dijo además que buscarán evitar el desalojo.

Actualmente existe una orden de desalojo para quienes ocuparon ilegalmente el cerro Centinela de dicha ciudad portuaria y la Corte de Apelaciones de Valparaíso dio plazo hasta el 4 de diciembre a la Municipalidad de San Antonio y a los ministerios de Interior, Seguridad, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para habilitar recintos de albergues a las más de 10 mil personas que viven ahí.

Durante una actividad en el Parque Metropolitano de Santiago, el ministro Montes fue consultado por las palabras de Jara y respondió que "no comento los foros presidenciales".

Sin embargo, sí abordó el tema de la toma: "Respecto a San Antonio estamos buscando distintos caminos para cumplir la ley y para que se generen caminos distintos al desalojo para enfrentar esta realidad. Chile tiene 1.432 campamentos. Si no logramos construir una alternativa más sólida esto va a generar bastantes huellas para la historia del país".

"No voy a detallar cuáles son los caminos, pero estamos contra el tiempo. Queremos hacer lo imposible para evitar los desalojos", sentenció en secretario de Estado.

Antofagasta fue escenario este viernes de una importante operación contra el crimen organizado, donde autoridades y fuerzas policiales llevaron a cabo el desalojo administrativo y la demolición de cuatro viviendas en el campamento "Madres Cabeza de Familia", ubicado en el sector norte de la capital regional.

La acción se enmarca en una investigación por asociación criminal ligada a graves delitos.

Según la información reportada, tres de los inmuebles demolidos estaban directamente relacionados con una investigación por delitos vinculados a secuestros, acopio de drogas y tráfico de armas.

Esta operación es parte de una estrategia policial en la zona, la que se intensificó tras la formalización de seis extranjeros vinculados al secuestro de un ciudadano colombiano en el sector.

"Estamos con esta acción de demolición de tres viviendas que eran utilizadas por parte del crimen organizado", destacó la delegada presidencial regional de Antofagasta, Karen Behrens.

Asimismo, explicó que aunque ya están "haciendo el desbaratamiento de estos inmuebles, la historia es más larga: El 2022, en junio, cuando este era un campamento incipiente, como Delegación Presidencial llegamos acá para hacer el desalojo de este sector".

"Quienes habitaban en ese momento en el lugar interpusieron recurso de protección que fue fallado mucho tiempo después, dándole la razón la Corte Suprema a la Delegación Presidencial", destacó la autoridad.

Carabineros destacó la importancia del operativo

Por su parte, el general Cristian Montre, jefe de la zona de Carabineros Antofagasta, confirmó que "las casas demolidas estaban asociadas a los ilícitos, incluyendo el hallazgo de los búnkers subterráneos".

En esta línea, el funcionario policial afirmó que esta es "una acción que es más que un compromiso, es una convicción de una necesidad que la gente requiere como una señal para poder estar tranquila. Acá el golpe está siendo dado hacia el crimen organizado, no hacia las personas vulnerables que han tomado por distintas razones la necesidad de estar en estos lugares".

Terreno ocupado y ocupaciones ilegales

Respecto a la magnitud del campamento y los inmuebles, la seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva, reveló que "es una extensión bastante importante, (ya que) hay que considerar que el campamento mismo tiene una superficie más o menos aproximada de 320.000 metros cuadrados y los tres inmuebles que estamos interviniendo hoy, más o menos supera una superficie de mil metros cuadrados".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés Monroy, hizo hincapié en la ilegalidad de las construcciones, advirtiendo que "están destinadas a la comisión de delito o eventualmente son producto de los beneficios obtenidos en la comisión de delito".

Frente a esto, dio cuenta que van a impulsar "sistemáticamente como Gobierno la destrucción de esos inmuebles y a la recuperación para bienes nacionales de los terrenos que son de propiedad fiscal".

Además de los tres inmuebles directamente vinculados al crimen organizado, la operación incluyó el desalojo de una cuarta vivienda utilizada para comercio informal. La jornada se desarrolló sin mayores incidentes.

Un desalojo que se llevaba a cabo de manera parcial en la toma "Michaihue 600" de San Pedro de la Paz fue abruptamente paralizado este martes, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso de protección y emitiera una orden de no innovar.

El operativo buscaba desocupar estructuras donde residían más de 230 familias, específicamente los denominados "bloques de lata", los cuales contaban con una orden de demolición vigente desde el terremoto del año 2010. Pese a la prohibición de habitarlos, decenas de personas continuaban viviendo en el lugar.

La situación dio un giro inesperado cuando, en medio del procedimiento, se conoció la resolución judicial que detuvo por completo las acciones.

Autoridad defiende la necesidad de demoler

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, remarcó la peligrosidad de las estructuras y la necesidad de resguardar la seguridad de las personas. Según explicó, los inmuebles representan un riesgo inminente.

"Post-terremoto tiene certificados de inhabitabilidad, con una condición de inseguridad enorme para quien pueda estar una noche o durante varios días en ese lugar. Y es por eso que se debía demoler esos blocks de departamento. La única responsabilidad que debe tener el Estado es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", enfatizó Pacheco.

Además, la autoridad regional justificó la urgencia de despejar el terreno para dar paso a un nuevo proyecto habitacional y abordar problemas de delincuencia en el sector.

"Precisamente, en esa zona se van a construir más de 300 viviendas y por eso es necesario que el Ministerio de Vivienda ingrese a ese lugar, realice todos los estudios y mecánicas de suelos necesarios para lo más pronto posible tener soluciones habitacionales", afirmó.

Pacheco también vinculó el lugar a graves problemas de seguridad, mencionando que "hace poco tiempo también en las inmediaciones hemos tenido hechos de inseguridad enormes, como la sustracción de 50 postes del alumbrado público en toda esa zona. Hay que recuperar el borde costero de San Pedro de la Paz".

Tras la orden judicial, el desalojo quedó detenido. Ahora, el futuro del procedimiento dependerá de la resolución de fondo del recurso legal presentado, lo que definirá si se podrá retomar la salida de las familias que aún permanecen en la toma.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a distintos servicios públicos la habilitación de un albergue transitorio para poder llevar a cabo el desalojo de la denominada Megatoma de San Antonio, respecto de la que el tribunal de alzada había otorgado un plazo de seis meses para que sus ocupantes abandonaran voluntariamente el terreno.

Según indicó el tribunal de alzada, se ordenó a "la Ilustre Municipalidad de San Antonio, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que, dentro del plazo de treinta días corridos den estricto e íntegro cumplimiento al fallo de 22 de marzo de 2024 dictado por la Corte Suprema".

Asimismo, enfatizó en "lo dispuesto en el numeral IV de su parte resolutiva, debiendo acreditar fehacientemente ante esta Corte la implementación del recinto transitorio ordenado que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble".

No obstante, reparó que en base a lo establecido por la Corte Suprema en el año 2015, los tribunales deberán cursar sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con informes o diligencias en los plazos establecidos por la justicia.

El abogado Diego Pereira, representante de los dueños del terreno, celebró la resolución y apuntó que "esto pone fin a las versiones que hablaron sobre una supuesta suspensión del desalojo y que solo buscaron confundir y generar falsas expectativas entre quienes mantienen actualmente ocupado ilegalmente el terreno".

"Es trascendental que la Corte, además, haya dispuesto el apercibimiento de las instituciones responsables en el caso de persistir en la inobservancia al fallo. De esta manera se acaban las excusas, se podrá restablecer el Estado de derecho, el respeto del derecho de propiedad y mis representados podrán por fin, luego de una batalla de cinco años, recuperar sus terrenos. Esperamos que en los próximos días las instituciones avancen en la coordinación del desalojo", agregó.

Montes: El Gobierno tiene claro que la ley se cumple, pero este desalojo genera riesgos

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que "el Gobierno tiene claro que la ley se cumple y que las Cortes tienen facultad para imponer ciertas fechas, pero como sabemos que hay cuestiones fundamentales en juego porque son 10.000 personas, (de ellos) 3.000 niños y 3.700 familias, hay que tener claro de que este desalojo es algo que genera riesgo de distinta naturaleza"

"Tenemos que pensar muy bien cada paso que se da. No les voy a dar detalles, pero vamos a agotar esfuerzos de conversar con las comunidades, ver alternativas y en eso estamos", reparó .

Por su parte, el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, sostuvo que "vamos a cumplir, nos estamos programando", sin embargo, reparó en que "la responsabilidad principal recae en este caso en el municipio, donde han respondido que pueden tener una capacidad de albergue en un desalojo paulatino".

Riquelme agregó que "hoy ya tenemos una fecha, por lo tanto vamos a empezar a programar los detalles operativos, cómo llevar a la práctica paulatinamente y por etapas".

"Incluso, la resolución de la Corte de Apelaciones habla de cuadrículas, entonces en base a eso estamos trabajando. El día de mañana probablemente vamos a tener una reunión de la mesa intersectorial para generar este proceso", dijo la autoridad, precisando sobre las cuadrículas que "hay una primera propuesta que habla de una capacidad máxima de 50 personas que pudiéramos estar albergando y eso en una cantidad de 5 a 7 días". 

El alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que "la Municipalidad ya está trabajando en ello. Por tanto, dentro de la próxima semana esperamos tener bastante avanzado en cuanto a determinar el lugar y las condiciones respecto del albergue. Pero nuestro compromiso es dar cumplimiento a la resolución de la Corte".

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, manifestó este lunes su rechazo a las glosas presentadas por el Gobierno para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en el marco de la tramitación del proyecto de Presupuesto 2026.

La principal crítica de la abanderada apunta a la fórmula planteada por el Ejecutivo, que busca usar el aumento del presupuesto del Minvu para pagar deudas derivadas del Plan de Emergencia Habitacional, impulsado por la actual Administración.

La militante del PC advirtió que dicha medida se realiza en desmedro del presupuesto destinado a subsidios de vivienda, que se vería reducido para la próxima Administración.

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"No estoy de acuerdo para nada (con lo presentado por el Ejecutivo). Me parece muy delicado porque el país tiene una grave crisis de vivienda que no se termina con este Gobierno, por el contrario. Es un tema de gestión que el Minvu debió haber visto oportunamente", indicó la candidata presidencial oficialista, en una clara alusión a la cartera comandada por el ministro Carlos Montes.

"Respecto de la glosa de libre disponibilidad, básicamente es una cifra importante, pero no es algo que desajuste o ajuste el presupuesto dada la magnitud del presupuesto nacional, pero sí va a servir como una herramienta para cuando asuma como Presidenta y, como señalé, lo voy a invertir en acelerar el proceso de reconstrucción en Viña. Así que espero que lo puedan solucionar".

Asimismo, la abanderada reiteró: "Cuando asuma como Presidenta, quiero que esa crisis de vivienda siga reduciéndose y no ampliándose, así que no estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en tema de vivienda, y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro". 

El ministro Montes ha señalado anteriormente que la tardanza en el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el megaincendio del año pasado no se debe a la falta de recursos, sino a problemas de gestión y falta de materiales.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) dijo que "compartiendo las críticas que hace la candidata presidencial Jeannette Jara, nuestra candidata, yo soy de aquellos que creen que deberíamos rechazar el Presupuesto, tal cual, no permitir que se llegue a ningún tipo de acuerdo con la derecha, que lo único que está haciendo son cálculos políticos pequeños, porque rechazando el Presupuesto este Congreso Nacional lo que va a suceder es que el Presupuesto vigente va a ser el que el Ejecutivo ha presentado".

Oposición pide aclarar dudas

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, señaló que espera "en un primer encuentro entre los senadores de Chile Vamos y Demócratas que exista claridad respecto de algunas dudas que hemos mostrado".

"Esperamos que rápidamente se avance a clarificar las dudas respecto de la estructura del presupuesto, en donde no se considera, por ejemplo, el reajuste del sector público, en donde nos dejan deudas como remanente para el próximo año, y también una baja importante en programas sociales y en algunos ministerios que son especialmente sensibles como Vivienda y también Obras Públicas", concluyó el legislador.

El diputado Diego Schalper (RN) aseveró que "el que se hace responsable de cara a la historia de las perniciosas consecuencias es el Presidente Gabriel Boric, no el Congreso Nacional. No les quepa ninguna duda que si este gobierno no enmienda el pésimo Presupuesto que ha presentado se lo vamos a rechazar, porque no estamos dispuestos que para la historia quede que no fuimos lo suficientemente vehementes en exigirle al gobierno que hiciera un Presupuesto a la altura de las necesidades del país".

El Gobierno espera aprovechar las próximas dos semanas para buscar acercamientos con parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas para destrabar la discusión.

La tramitación formal del Presupuesto se retomará el lunes posterior a las elecciones del 16 de noviembre, en la Cámara de Diputadas y Diputados.